A través de la Resolución 823/2022 publicada en el Boletín Oficial entró en vigencia la iniciativa Precios Justos, impulsada por el Gobierno Nacional y con la rúbrica del Ministro de Economía Sergio Massa.
El programa es un acuerdo con proveedores de bienes masivos y supermercados mayoristas y minoritas para congelar el precio de 1500 productos hasta febrero de 2023. También fija un tope mensual de aumento del 4%.
Al respecto, más de 60 organizaciones de la economía social, popular y solidaria de todo el país expresaron su descontento por el acuerdo de precios con las empresas de alimentos y la utilización del término “Precios Justos”.
“Precio justo es una construcción que venimos realizando durante más de diez años. Justo tiene que ver con justicia y con democracia. Lo que hace es reflejar el entramado productivo, asociativo y comercial mediante el cual trabajamos las Organizaciones para generar mejores ingresos para los pequeños productores y una transparencia en la construcción del precio” señaló Vanesa Della Casa, integrante de Caracoles y Hormigas, una de las organizaciones firmantes, en diálogo con Pablo Martínez en el programa El tiempo no para.
Aunque “Precio Justo” no implica necesariamente precio barato, aclaró Vanesa, lo que busca construir son nuevas dimensiones dentro de la economía alimentaria que reflejen las relaciones cooperativas y solidarias beneficiando a todo el circuito: productores, comercializadores y consumidores. Además, en consonancia con valores como el “trabajo digno, la equidad de género, los cuidados comunitarios, la agroecología, la soberanía alimentaria”, según plantea el comunicado.
Por ello, para las organizaciones el empleo de este concepto en el programa significa otorgarles a las grandes empresas concentradas una identidad que no les pertenece: “Generan sus ganancias mediante el mal pago a los productores, malas condiciones de trabajo, productos ultraprocesados de baja calidad nutricional, especulación y constantes aumentos de precio que pagamos todos los consumidores” agregó Della Casa.
Si bien la regulación a las grandes empresas alimenticias no les parece un desacierto, las organizaciones entienden que esta medida no basta para encarar el problema de la inflación de precios en Argentina. Esto incluye la ausencia de políticas hacia su sector: “Hay programas muy focalizados y puntuales. Pero no hay un acuerdo transversal que pueda entender que somos parte de la solución. Está bien regular a quienes hoy son parte y organizan este desequilibrio económico, pero no es suficiente y menos otorgándoles la idea del Precio Justo cuando detrás de esa construcción del precio no hay ninguna justicia, ninguna democracia”, sentenció Della Casa.