Como sucede con otras efemérides troqueladas por la política, celebrar el día de se revela como una mueca intrascendente. Por eso, la semana pasada en Ahijuna, a propósito del día del periodista —no está de más recordar que conmemora el nacimiento de la Gazeta de Buenos-Ayres un 7 de junio de 1810— pasaron varias voces del ámbito y sus márgenes para reflexionar respecto de las condiciones que afectan al ejercicio de la profesión en la actualidad.
Claro que estas breves líneas que seguirán debajo, no agotan la amplia gama de problemáticas que azoran el mundo de los medios de comunicación en nuestro país. Ni, por un lado, nuestras pretensiones son tan elevadas y, segundo, tal tarea es quizá, prácticamente irrealizable en tanto los recovecos de este mundo se ensanchan cada vez más. Pero los recortes, aunque recortes, aproximan un grado de inmediatez y permiten visualizar algunas claves de análisis y de acción frente a los desafíos más acuciantes. Hacia allí vamos.
Precarización: juventud, género y digitalización
En diálogo con Víctor Alvero para El mundo ha vivido equivocado, Luis Lázzaro, Director General de Relaciones Institucionales del ENACOM, aseguró que “más de la mitad de los trabajadores de prensa, radio y televisión tienen dos trabajos remunerados. Un aumento del 7.6% respecto al relevamiento del año pasado”. Los datos provienen de una encuesta realizada por SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) a más de 1000 trabajadoras y trabajadores de 140 medios de comunicación del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Por otro lado, un informe de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) del año 2022 añade a la situación del pluriempleo otras condiciones que van de suyo: inestabilidad, bajos salarios y largas jornadas laborales.
El relevamiento de SiPreBA en AMBA indica que en mayo de 2023, el 45% de los y las trabajadores de prensa cobró sueldos por debajo de la línea de la pobreza. En el sector prensa escrita (diarios, portales digitales, agencias de noticias y revistas) esa cifra asciende al 63%, mientras que en la categoría testigo en esa rama (redactor/a) sube al 71%.
Los nuevos canales de comunicación que nacieron con la digitalización no escapan de la crudeza estructural que afecta al ámbito periodístico. Sí, nuevas formas de expresión y vías autogestivas están siendo posibles por medio de las plataformas digitales, pero estos modelos de negocios no están consolidados aún para garantizar ni siquiera su propia sustentabilidad.
Lázzaro también se refirió en la entrevista a la figura —originada en los 90s, de la mano de la flexibilización menemista— de los colaboradores o mal llamados “freelance”: “El 93% de su facturación está por debajo de la canasta básica y el 76% afirmó tener otro trabajo por fuera del sector de prensa por la grave situación económica. Venden su trabajo en condiciones que no son dignas”.
En sintonía con estos datos, el informe de FOPEA introduce otra figura. Esta, sui generis de nuestros tiempos: el “periodista emprendedor”, que utiliza las nuevas tecnologías para crear medios unipersonales donde se ocupa no solo de los contenidos, sino también de la administración.
Un camino que puede inferirse eligen muchos de los y las periodistas jóvenes, si añadimos a la ecuación su baja tasa de inserción en el campo profesional (14,4% según la encuesta de SiPreBA).
Párrafo aparte merece la correlación entre niveles de formación y salarios. “Título y trabajo”, es uno de esos axiomas criollos que han quedado en el camino. El periodismo no es la excepción. Más del 40% de los participantes del relevamiento de SiPreBA tienen título universitario, mientras un 18% completaron estudios terciarios. Con todo, la investigación asevera que estos elevados grados de formación no se traducen en retribuciones económicas acordes.
La cuestión de género es también una dimensión crítica. La encuesta de SiPreBA arroja que la presencia de mujeres y disidencias escasea en las ramas que tienen mejores condiciones de trabajo (30,2% en televisión) y aumenta en aquellas con mayor precariedad (57,% en radio; 52,9% trabajan freelance; 33% en prensa escrita).
En cuanto a tareas de cuidado, el 52% de mujeres y disidencias trabajadoras de prensa dedica más de 6 horas por día. Mientras sólo el 28,4% de los varones dedica este mismo tiempo. Por otra parte el 18,5% afirmó haber sufrido hechos de violencia sufrido durante el último año; sobre ese total, el 81,8% manifestó haber sido víctima en el trabajo.
Lo cierto, finalmente, es que la precarización en todas sus variantes afecta de forma directa la calidad de la información. En ese sentido, Lázzaro reflexionó: “Las herramientas que la sociedad tiene para poder ejercer de manera responsable e informada, su condición de ciudadano, de consumidor, de elector, de opinador, etcétera, está muy deteriorada porque las personas que producen ese bien que la comunidad necesita están en una situación crítica desde el punto de vista de sus condiciones de trabajo”.
Lo macro: legislación, medios comunitarios y concentración
Ampliando la mirada y en retrospectiva, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en el año 2009, es el pivote que condensa las discusiones macro respecto del universo de las comunicaciones y el periodismo en el país. Aún con sus limitaciones —no alcanza como indica su nombre, a la prensa gráfica ni tampoco al ámbito de internet— la Ley era (es) un horizonte posible para la democratización de las comunicaciones.
El avasallamiento que sufrió este marco normativo integral —el primero promulgado en tiempos democráticos—, a partir de las derogaciones y modificaciones discrecionales durante los años del macrismo, propagó un manto de claroscuros.
En una entrevista con Pablo Martínez para El tiempo no para, el director de Pares TV e integrante de CoNTA (Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas), Diego Gusmerini, se refirió a esta situación: “Hemos peleado por derechos que hoy se sostienen, el FOMECA por ejemplo, y entiendo que algunos pasos hemos avanzado. Pero lo que pasa es que esa gran ilusión que creó la Ley 26.522 en 2009, su aplicación total, todavía está en deuda. Y se trabaja desde el otro lado para que no se aplique“.
Entre los años 2015 y 2019 la gestión macrista desmontó el andamiaje de regulaciones construido por la Ley 26.522. De las intenciones del texto original, muy poco queda en pie. La desarticulación del AFSCA (organismo encargado de hacer cumplir la norma, cuya conformación era ciertamente democrática) y su reemplazo por el ENACOM (con mayoría del P.E.N), la modificación de artículos centrales de la Ley que limitaban la cantidad de licencias que podía poseer una sola empresa y restringían la propiedad cruzada (art. 45), fueron medidas que favorecieron a los grandes conglomerados mediáticos.
Aunque el fenómeno de la precarización periodística, con todas las aristas mencionadas en el primer apartado, es multicausal, no puede restarse peso a la incidencia que estas medidas tuvieron en la constitución del panorama que nos atraviesa.
De primera mano tuvimos el testimonio de María Quintero, directora del medio popular y autogestionado Revista PPV (Periodismo Por Venir), sobre la experiencia de fundar un espacio comunicacional comunitario en los albores del macrismo. A comienzos de 2015, la idea era crear un medio para “dar los debates de profundización que se requerían después del piso que supuso la Ley 26.522”, afirmó la periodista al aire de Ahijuna, “pensando en la comunicación como un derecho humano”.
“Después del 2015 vino lo que sabemos, y el espacio que estaba pensado para profundizar, nació como una herramienta de resistencia frente a lo que significó el macrismo en términos de retroceso en derechos en general y derecho a la comunicación en particular”, agregó Quintero.
En un nivel general, para los medios comunitarios este escenario de incertidumbre por una Ley aplicada a medias, ha traído consecuencias de diversa índole. Al aire del Tiempo no para, el ex-presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Nestor Busso, contó algunos tenues avances: “En los últimos años la pauta publicitaria ha mejorado para los medios comunitarios, aunque la diferencia con los grandes medios del poder económico es impresionante. Necesitamos que quede algo escrito, reglamentado. Alguna resolución estableciendo criterios claros para la asignación de publicidad oficial”.
Busso se refirió, por otra parte, a los grandes pendientes. Por ejemplo, la situación de algunas radios que funcionan desde hace muchos años, pero que todavía no se ha podido legalizar su situación. Especialmente aquellas radicadas en las zonas de conflicto: las grandes ciudades.
La declaración de Julio Delgado, presidente de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos y de COPEGRAF, fue también en este sentido. Delgado reclamó la falla de las políticas públicas en relación a los medios comunitarios: “Nos impide el acceso a la inversión, a mejorar nuestro producto y nuestra capacidad de gestión; a poder ingresar a proyectos de capacitación y a ampliar nuestro plantel de periodistas que ejerzan libremente la profesión”
A pluma y espada
En definitiva, esta recopilación de datos y declaraciones es valiosa y al mismo tiempo recursiva. Vislumbra lo obvio, un secreto visible. Pero el contexto que engloba al periodismo desde hace tiempo, la prestidigitación política y empresarial operando sobre lo material, lo legislativo y lo ideológico, obliga a revelarlo una y otra vez.
La lucha por una comunicación democrática y un libre ejercicio del periodismo requiere, como condición necesaria, de la organización. La resistencia práctica: la sustentabilidad de espacios de comunicación alternativos frente a los imperios concentrados.
Pero también, en gran parte, necesita de estos esfuerzos —a esta altura— de repetición. En otras palabras, de memoria, reflexión e investigación: volver a ver de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. En fin, revolver el oficio, ponerlo nostálgico.